Finaliza el período de consulta a los ciudadanos sobre el anteproyecto de Ley de Buen Gobierno y Transparencia

El 23 de marzo, el Gobierno analizó un informe sobre el anteproyecto de la Ley de Buen Gobierno y Transparencia y acordó abrir un período de 15 días de audiencia pública a los ciudadanos para recoger aportaciones al texto, el cual se hizo público el día 29 de marzo a través de la web Ministerio de la Presidencia con esta finalidad. La web ha recibido desde entonces más de 80.000 visitas y los ciudadanos han enviado más de 3.600 contribuciones.

El documento establece que habrá información de obligada publicidad administrativa. Es decir, accesible sin necesidad de solicitarla expresamente, dado que será responsabilidad de la Administración publicarla en las webs institucionales. Otra novedad es la ampliación de la capacidad de los ciudadanos para solicitar información a las administraciones públicas y el hecho de que éstas quedan obligadas a responder en un plazo de un mes, ampliable a dos en algunos casos. Las resoluciones que denieguen o limiten el acceso deberán ser motivadas, aunque se contempla la posibilidad de que la Administración no responda y en este caso la solicitud deberá entenderse desestimada.

En cuanto a la obligación de difundir informes de evaluación de políticas públicas, el texto no los menciona de forma expresa. La referencia más cercana se encuentra en el artículo 7, que hace alusión a la obligación de difundir "información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia".

Finalmente, el texto prevé la modificación del nombre y funciones de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, que pasa a denominarse Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios y que pasa a tener entre sus funciones "la promoción de la transparencia de la actividad pública y la garantía del derecho de acceso a la información".